La devastadora operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que combinó bombardeos selectivos con la detención de Nicolás Maduro y su traslado al territorio de Estados Unidos, representa una prueba crítica para la credibilidad del orden internacional y para la autonomía estratégica de la Unión Europea y España.
Para ambos, el desafío es doble: mantener el compromiso con una transición democrática liderada por la sociedad venezolana –no supervisada por Mar-a-Lago– y demostrar que su compromiso con el derecho internacional no es retórico ni selectivo. Su respuesta dependerá tanto de su posición en América Latina como de la confianza que otros actores del Sur Global depositen en Europa, y especialmente en España, como socio "civil y regulatorio", no puramente geopolítico.
Intervención sin justificación clara en el derecho internacional
Diversos expertos en derecho internacional han subrayado que los atentados y la detención de Maduro carecen de una base jurídica sólida en la Carta de la ONU, el tratado internacional firmado en 1945 que rige las Naciones Unidas y es un documento jurídicamente vinculante para los países que lo aceptan, incluido Estados Unidos. La operación no fue autorizada por el Consejo de Seguridad, no respondió a un ataque armado previo de Venezuela y se llevó a cabo sin el consentimiento del Estado afectado, lo que es contrario a la prohibición del uso de la fuerza en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas.
El Centro Científico para las Relaciones Internacionales Chatham House, a través de un análisis específico, cree que ni la lucha contra el narcotráfico ni la acusación de "narcoterrorismo" son suficientes, en las condiciones actuales del derecho internacional, para justificar este tipo de incursiones en el territorio de Venezuela.
Los líderes occidentales suelen utilizar este concepto para describir el marco de reglas, normas e instituciones que sirven para guiar el comportamiento de los estados.
Trump, cambio de régimen y oposición desplazada
La operación militar culmina la larga fijación personal y política de Donald Trump con la caída de Maduro. Esto se manifestó en su primer mandato y se vio reforzado por el hecho de que no se reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente en 2019.
Como ya argumentó el experto en política internacional Christopher Sabatini en Foreign Policy (25 de enero de 2024), la estrategia estadounidense ha oscilado desde una narrativa antidrogas hasta un objetivo explícito de cambio de régimen, sin un plan claro para una transición democrática posterior.
Esta falta de dirección volvió a ser evidente después de la reciente intervención militar. Aunque la oposición unida ganó las elecciones del 28 de julio de 2024, con Edmundo González como candidato reemplazante de María Corina Machado, la administración Trump decidió negociar con figuras del propio chavismo, especialmente con la vicepresidenta Delsy Rodríguez.
Esta decisión, que también es analizada por centros como el citado Chatham House, revela una preferencia por una solución pragmática apoyada por las élites del régimen antes que por la legitimidad democrática de la oposición.
¿Qué está en juego para la Unión Europea?
En numerosas ocasiones, la UE se ha posicionado a favor de una transición democrática en Venezuela, pero siempre enfatizando la necesidad de una solución pacífica y acorde al derecho internacional. La alta representante de la UE, Kaja Callas, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, reiteraron que, si bien Bruselas no reconoció la legitimidad de Maduro después de unas elecciones "ni libres ni justas" en 2024, él nunca había apoyado una intervención militar extranjera.
Este episodio coloca a la UE en un incómodo dilema: si tolera o legitima de facto las acciones de Washington, debilita su propio discurso jurídico en relación con otros escenarios (Ucrania, Gaza, Sahel) donde exige un estricto respeto a la soberanía estatal y a la Carta de la ONU.
La operación en Venezuela funciona como una prueba de resistencia de la capacidad europea para defender el orden basado en reglas contra la lógica de las esferas de influencia y los ataques preventivos.
División interna y autonomía estratégica
La reacción europea está fragmentada. Mientras las instituciones comunitarias y la mayoría de los Estados miembros insisten en la moderación y el respeto al derecho internacional, algunos gobiernos y sectores políticos han mostrado comprensión ante la detención de un líder que no consideraban legítimo. Un informe de prensa indica que hasta 26 Estados miembros, con la única excepción de Hungría, han criticado las formas de la operación estadounidense, revelando grietas en la política exterior común.
Esta división pone en duda la capacidad de la UE para ejercer su tan cacareada "autonomía estratégica". Un principio que forma parte de la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad.
Como subrayaron varios expertos consultados por think tanks europeos, aceptar una intervención que viola los principios fundamentales de la UE envía una señal de que Europa sigue subordinada a la agenda de Washington en lo que respecta al hemisferio occidental.
¿Qué pasa con España?
España respondió con una combinación de condena legal y prudencia diplomática. El gobierno llamó a la desescalada, exigió respeto al derecho internacional y reiteró que no reconoce las elecciones que mantuvieron a Maduro en el poder, ni reconoce una solución que fue impuesta militarmente desde el exterior.
El presidente Pedro Sánchez insistió en que cualquier transición debe ser venezolana, pacífica y apoyada por organismos multilaterales.
Diplomacia, relaciones transatlánticas y liderazgo en América Latina
Al mismo tiempo, España se ve obligada a gestionar las relaciones con su principal aliado de seguridad, Estados Unidos, en un contexto de fuerte asimetría de poder. Por un lado, aspira a desempeñar el papel de mediador entre Europa, Washington y América Latina, de acuerdo con su Estrategia de Asuntos Exteriores 2025-2028, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pero el carácter unilateral de la operación limita su margen de maniobra y la expone a presiones simultáneas de ambos lados.
La polarización interna y la comunidad venezolana
La crisis también está exacerbando las divisiones en la política interna de España. Mientras el Gobierno central evita una ruptura frontal con Estados Unidos, partidos de izquierda como Sumar o Podemos calificaron la operación de "una violación muy grave de la Carta de la ONU" y de "piratería imperialista". Sus dirigentes exigen una firme condena y rechazo a cualquier invasión. La oposición conservadora, por su parte, destacó que la caída de Maduro era deseable, pero el episodio está siendo aprovechado para cuestionar la supuesta "ambigüedad" del ejecutivo español hacia el chavismo.
España es también uno de los principales destinos de la diáspora venezolana en Europa, con cientos de miles de habitantes y numerosos casos de doble ciudadanía. Los estudios sobre la migración latinoamericana y los datos recopilados por organizaciones europeas muestran que cualquier agravamiento del conflicto y la inestabilidad puede traducirse en nuevas olas migratorias, lo que convierte la crisis venezolana en una cuestión de política interna en términos de integración, vivienda y mercado laboral.
Energía, recursos y transición ecológica
La captura de Maduro y el debilitamiento del liderazgo chavista reabren la cuestión del control de los recursos energéticos de Venezuela. Esto sucede en un momento de gran volatilidad en los mercados debido a la guerra en Ucrania y la transición verde. Las declaraciones de Trump sobre qué empresas estadounidenses "tomarán el control del petróleo venezolano" alimentan la percepción de que la operación también se ajusta, pero no sólo, a un cálculo económico.
Para España y la UE, que buscan diversificar sus proveedores de hidrocarburos y, al mismo tiempo, reducir su dependencia de los combustibles fósiles, esta situación presenta un dilema.
La primera opción pasa por aprovechar la potencial reapertura del sector petrolero de Venezuela en clave para la seguridad energética. El segundo es condicionar cualquier acceso económico a garantías de transición democrática y respeto de los derechos humanos. Un enfoque puramente oportunista dañaría el clima y la credibilidad de los derechos humanos en Europa en el Sur Global.
Venezuela y el futuro del orden internacional
Lo que está sucediendo en Venezuela trasciende las fronteras del país y del continente americano. Es un indicador de hasta qué punto el uso de la fuerza vuelve a prevalecer sobre la ley en la política global. Diversos grupos académicos y think tanks (desde Chatham House hasta el GMF y el Centro de Política Europea) coinciden en que la operación estadounidense sienta un peligroso precedente de lo que podría suponer la Doctrina Monroe 2.0, o como empieza a llamarse, "Donroe" (cambiando la "M" por la "D" de Donald). Un escenario donde la hegemonía regional se logra por medios militares y judiciales unilaterales.
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