
Santo Domingo.- Después de cinco días de deliberaciones, un comité bicameral del Congreso aprobó el miércoles el informe presupuestario de 2026, dejando de lado una disposición de larga data para la indexación salarial anual que, según los críticos, socava el poder adquisitivo de los trabajadores. El código tributario, sin cambios desde 1992, exige que los salarios se ajusten a la inflación, una medida que se ha retrasado repetidamente cada año, y ahora la comisión la ha vuelto a retrasar.
Francisco Javier Paulino, presidente de la comisión, confirmó que el proyecto de presupuesto existente incluye un artículo que suspende el debate obligatorio sobre la indexación salarial. El vicepresidente, senador Pedro Tineo, agregó que ninguna facción política presentó formalmente una propuesta sobre el tema durante las reuniones, lo que resultó en que la comisión aprobara el informe por mayoría de votos. A pesar de las fuertes exigencias de la oposición en declaraciones públicas, este tema no fue discutido sustancialmente entre los legisladores.
Los parlamentarios de la oposición, incluido el diputado del PLD Charlie Mariotti, protestaron de inmediato y Mariotti prometió impugnar la omisión durante los debates en la cámara plena. Advirtió que podrían presentar un recurso constitucional contra la ley de presupuesto, afirmando que excluir la indexación salarial viola los derechos de los trabajadores y la ley tributaria establecida. Mientras tanto, el senador Edward Espiritusanto de Fuerza del Pueblo criticó el enfoque del presupuesto en el gasto corriente y calificó su componente de inversión como insuficiente, prometiendo que su partido también se opondría a su aprobación.
Con el proyecto de presupuesto por un total de RD$1,744 billones, equivalente a alrededor del 20.1% del PIB, ahora sujeto a votación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, la verdadera prueba está por venir. Excluir la indexación salarial puede desencadenar un debate más amplio sobre la justicia económica y el cumplimiento legal, lo que podría remodelar la confianza pública en la gestión fiscal.
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