Hay un argumento cada vez mayor para incluir la desigualdad en el debate sobre el cambio climático. La lógica detrás de esto ha sido expuesta por importantes instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Red de Ecologización del Sistema Financiero.
Todo el mundo ha comenzado a enfatizar el vínculo entre los resultados climáticos y la desigualdad. Destacan que la desigualdad debe verse como un riesgo sistémico y macroeconómico. Se ha descubierto que la desigualdad socava la democracia, la cohesión social y política y la estabilidad económica. La desigualdad también socava nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos climáticos y ambientales.
En un artículo reciente, analizamos cómo se pueden diseñar e implementar políticas ambientales teniendo en mente la reducción de la desigualdad. Usamos ejemplos de Sudáfrica, Colombia, Indonesia y México.
Como investigadores del departamento de investigación de la agencia francesa de desarrollo AFD, especializados en el análisis de la desigualdad y las implicaciones sociales de las transiciones energéticas y económicas, hemos visto cómo la acción climática puede reducir o profundizar las divisiones existentes, dependiendo de cómo se diseñen las políticas.
El núcleo de nuestro argumento es que la reducción de la desigualdad debería ser un principio rector en las decisiones sobre el cambio climático. Hemos estudiado numerosos casos en los que está claro que los países a menudo simplemente optan por compensar a quienes salen perdiendo con las transiciones ambientales en lugar de buscar soluciones más justas. Esto necesita cambiar. Pero el cambio requiere centrarse en reducir significativamente la desigualdad, así como comprender quién gana en la transición.
Transición verde y falta de equidad
Tomamos una transición justa como punto de partida porque se cita cada vez más como un marco aceptado para construir economías sostenibles. Este enfoque se centra en la dimensión social de la transición ambiental y energética y enfatiza la necesidad de garantizar los medios de vida de aquellos afectados negativamente por la transición verde. Hace hincapié en una transición inclusiva hacia una economía sostenible y con bajas emisiones de carbono, sin dejar a nadie atrás.
Los países están incorporando progresivamente los principios de transición justa en sus estrategias climáticas nacionales. Los ejemplos incluyen solo el marco de transición de 2022 de Sudáfrica y la próxima NDC 3.0 de México. Pero cuando se trata del diseño y la implementación reales de políticas, la equidad rara vez se trata como una preocupación central. Esto se hace evidente cuando observamos algunas de las características de las transiciones verdes actuales.
Empleos verdes: A menudo se promete que estos empleos serán mejores, más estables y más sostenibles. Pero una investigación que coordinamos en Colombia con la Universidad de Los Andes muestra que estas oportunidades benefician a grupos que ya tienen ventajas. Los ejemplos incluyen hombres urbanos con educación universitaria. Las mujeres, los jóvenes y la población rural siguen estando en gran medida excluidos.
Infraestructura verde: analizamos quién es propietario de la infraestructura verde, como parques solares, parques eólicos, redes inteligentes y sistemas de almacenamiento. A menudo hemos visto que sigue estando mayoritariamente en manos de grandes empresas privadas y multinacionales. En Sudáfrica, por ejemplo, el sindicato Numsa se opuso a un programa de energía renovable con fines de lucro que trasladaba los riesgos al Estado y mantenía altas las tarifas eléctricas. Los principales beneficiarios del programa son los actores financieros y las corporaciones multinacionales. Este es un buen ejemplo de cómo la propiedad determina quién controla la energía, así como quién se beneficia realmente de la transición.
Políticas de protección ambiental. Esto incluye:
Áreas protegidas: áreas definidas con el objetivo de preservar la naturaleza y preservar el ecosistema.
Compensación por biodiversidad: destinada a compensar los daños ambientales causados por proyectos de desarrollo.
Estas políticas y planes ambientales pueden generar desigualdades porque a menudo están diseñados desde arriba hacia abajo. Como resultado, las comunidades locales pueden salir perdiendo.
¿Qué necesita cambiar?
Poner la reducción de la desigualdad en el centro significa más que agregar un componente social a los programas existentes.
En Colombia, los hallazgos apuntan a la necesidad de políticas públicas tempranas y específicas para abordar las disparidades del mercado laboral. Los ejemplos incluyen:
Integrar la formación procedente de fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y otras habilidades relacionadas con la sostenibilidad en la formación técnica y profesional.
utilizando enfoques adaptados a las necesidades locales y que sean sensibles a las diferencias de género.
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Otra cosa que debe cambiar es el nivel de apoyo a las empresas, especialmente a las pequeñas, para que puedan contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo. La mayoría de ellos trabajan de manera informal y dependen de estrategias de supervivencia. La evidencia de Sudáfrica mostró que solo fueron excluidos de los planes de transición energética.
También hemos identificado áreas de mejora en materia de impuestos. Una política climática justa debería comenzar reconociendo que los impuestos al carbono no son neutrales: su carga recae de manera diferente entre los grupos de ingresos.
En Indonesia, un estudio que realizamos con nuestros socios mediante microsimulación mostró que un impuesto al carbono de 30 euros por tonelada aumentaría ligeramente los costos para los hogares de ingresos medianos bajos. Pero cuando los ingresos se reciclaron mediante transferencias de efectivo específicas a hogares de bajos ingresos y pobres en energía, la política tuvo resultados positivos.
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Este ejemplo muestra que el capital depende menos del impuesto en sí que de cómo se utilizan sus ingresos.
Por último, democratizar la apropiación del proceso de transición energética es clave para garantizar que sea justo. Nuestra evidencia muestra que los modelos propiedad de la comunidad y los usuarios pueden hacer que la infraestructura renovable sea inclusiva y sostenible. Los ejemplos incluyen instalaciones solares de propiedad comunitaria, esquemas de propiedad de acciones de los trabajadores y cooperativas de múltiples partes interesadas.
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En Río Lagartos, México, por ejemplo, una cooperativa pesquera local invirtió en una máquina de hielo alimentada por energía solar. Esto condujo a una reducción de costos y un aumento de los ingresos locales.
Próximos pasos
Las desigualdades amenazan el compromiso con los esfuerzos climáticos existentes. Integrar la reducción de la desigualdad en la acción climática es una oportunidad para una transformación significativa.
Los ejemplos de mejores prácticas que encontramos, así como las debilidades de las iniciativas, pueden ayudar a orientar a los formuladores de políticas. La aguja se está moviendo en el debate sobre la desigualdad. La sugerencia del Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre Desigualdad Global del G20 es un ejemplo de esto. Recomendó la creación de un panel global para brindar orientación a los países sobre cómo pueden garantizar que la reducción de la desigualdad esté en el centro de sus trayectorias de desarrollo.
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