Los datos que cubren varias regiones del este de la Península Ibérica el 29 de octubre de 2024 representaron el episodio de precipitaciones más extremo del siglo XXI en España. Según la Agencia Meteorológica Nacional (AEMET), este fenómeno se produjo porque se formó una bolsa de aire frío a gran altura entre el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar, que empujó aire muy húmedo desde el mar Mediterráneo hacia la costa. Las tormentas se organizaron en cadenas que se reactivaron en los mismos lugares durante horas.
AEMET registró 185 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora y 772 l/m² en 24 horas en Turris (Valencia). La combinación de intensidades extremas y persistencia espacio-temporal provocaron inundaciones repentinas en pocas horas.
La Confederación Hidrográfica del Júcar estimó caudales máximos en 3.500 metros cúbicos por segundo (m³/s) en el cruce de Pojo Rambla con la A-3 y 2.400 m³/s en el río Magro, en la entrada de la presa de Forata.

Vista satélite de la Jornada sobre Valencia y alrededores el 29 de octubre de 2024 a las 06:30 horas EUMETSAT, CC BI-NC-SA
Además de las 229 muertes en la Comunidad Valenciana, se registraron víctimas en Castilla-La Mancha (una en Mira, Cuenca y seis en Letur, Albacete) y en Andalucía (una en Alhaurín de la Torre, Málaga). Del total, 68 se encontraron en plantas bajas de viviendas, y 35 en aparcamientos y sótanos. Según el Centro de Integración de Datos (CID), más de la mitad de las víctimas tenían 70 años o más, y 15 tenían 90 años o más. El mayor porcentaje de fallecidos (24%) se registró en el grupo de edad de 80 a 89 años.
¿Qué factores contribuyeron a la tragedia?
La urbanización de las zonas fluviales se intensificó durante el boom español (décadas de 1960 y 1970) y, posteriormente, durante la burbuja inmobiliaria (1997-2008). De las 75.000 viviendas afectadas por las inundaciones, el 31% se construyeron en este segundo periodo. Además, la vulnerabilidad física de los edificios agravó la tragedia, ya que muchas plantas bajas, ubicadas al nivel de la calle, se convirtieron en trampas mortales cuando se inundaron.
El 29 de octubre, a las 7:36 horas, AEMET activó un aviso rojo por lluvia extrema. Según la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó que a las 12.07 horas. Pojo Rambla superó el umbral de prealerta. El caudal alcanzó los 1.686 m³/s a las 18:43 horas.
La Generalitat Valenciana no activó el Centro Integrado de Coordinación Operativa (CECOPI) hasta las 17:00 horas, y el aviso del sistema ES_Alert no se remitió hasta las 20:28 horas, cuando muchas zonas ya estaban inundadas.
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Aunque el Gobierno central ofreció su apoyo desde las primeras horas, hubo polémica sobre el nivel de implicación al no asumir el pleno liderazgo mediante la declaración del estado de emergencia de interés nacional (situación de protección civil 3).
La baja percepción de riesgo por parte de la población, junto con el retraso del aviso ES_Alert, fueron factores decisivos. Un factor clave es que no ha llovido en muchos de los municipios afectados, generando una falsa sensación de seguridad entre los vecinos. Esta confianza llevó a la adopción de conductas de riesgo, como entrar en garajes para rescatar vehículos y circular por tramos inundados de la red viaria.
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¿Cómo podemos mitigar el impacto de daños futuros?
Para evitar que futuros fenómenos meteorológicos similares tengan consecuencias tan trágicas, podemos tomar varias medidas.
Caracterizar la incertidumbre del análisis de riesgos: se deben elaborar mapas de probabilidad que incluyan rangos de incertidumbre, que permitan cuantificar la probabilidad de inundaciones en diferentes zonas (por ejemplo, 70% vs 30%). Este enfoque permite una planificación territorial más eficiente, en la que las zonas con mayor probabilidad de inundación tienen mayores restricciones, mientras que las zonas con menor probabilidad pueden destinarse a usos compatibles con un determinado nivel de riesgo.

Un mapa de riesgo de inundaciones basado en la probabilidad. De mayor a menor riesgo: rojo, naranja y verde. Bodokue et al., 2023, CC BI-SA Integrar vulnerabilidad y resiliencia en la gestión de riesgos: se recomienda desarrollar índices de vulnerabilidad y resiliencia para identificar áreas donde la población vive con menor capacidad adaptativa, condiciones inadecuadas de vivienda (plantas bajas, sótanos), restricciones de movilidad o aislamiento social. Con esta información, las autoridades pueden desarrollar planes de evacuación específicos para poblaciones vulnerables, establecer redes de apoyo vecinal y priorizar mejoras en las viviendas más vulnerables.

Los municipios de Castilla y León que aparecen coloreados en el mapa presentan un problema de vulnerabilidad por inundaciones repentinas. Los clusters representan grupos de municipios con características de vulnerabilidad similares. Aroca-Jiménez et al., 2022, CC BI-NC-SA

Concurso de fotografía y vídeo de inundaciones como parte del plan de comunicación de riesgos de Navaluenga, Ávila. Bodokue et al., 2019, CC BI-NC-SA
Hacia una gobernanza participativa: fortalecer el capital social es una estrategia efectiva para mejorar la resiliencia comunitaria, actuando como facilitador de la gobernanza participativa al crear espacios de diálogo donde las partes interesadas (sociedad civil, autoridades, expertos) puedan participar en la toma de decisiones sobre gestión de riesgos.
Implantación de un sistema de apoyo a la decisión (SAD): Debe implantarse (SAD) vinculando los datos de AEMET en tiempo real con los registros de las conferencias hidrográficas del Júcar. JCD ofrece información continuamente actualizada sobre la intensidad de la lluvia o la profundidad del agua, facilitando la toma de decisiones y acortando las consultas entre administraciones.
Una gestión exitosa del riesgo de inundaciones requiere una transformación profunda que combine conocimiento científico, participación ciudadana y voluntad política. La experiencia acumulada debe traducirse en sociedades mejor informadas y preparadas, capaces de anticiparse y adaptarse a un contexto climático cada vez más desafiante.
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